HAY QUE HACER UN
ESFUERZO PARA EVITAR EL DESCENSO EN LA CALIDAD DE
LAS LEYES Y SU UTILIZACIÓN
COMO INSTRUMENTOS DE INGENIERÍA SOCIAL
La técnica legislativa
de los últimos tiempos deja bastante que desear. La sociedad española es
víctima de textos que en ocasiones son excesivamente extensos, farragosos,
reiterativos y poco claros; redacciones que se modifican antes de entrar en
vigor; apartados añadidos para ser de nuevo suprimidos tiempo después. ¿Tiene esto algún sentido?
Esta situación debería
provocar sonrojo en un país en el que, como se pudo comprobar en el siglo XX, el Estado de Derecho precedió al Estado
democrático. Son muchas las leyes que, por su calidad técnica y por ser
suficientemente garantistas para el ciudadano, superaron holgadamente el listón
puesto por la Constitución de 1978 y permanecieron vigentes tiempo después.
Me estoy refiriendo a
normas como la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 1956 o la Ley sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 1957, sin
olvidarme de la Ley deExpropiación Forzosa de 1954,
que sigue vigente en 2016 en una materia tan delicada como es la
privación de la propiedad privada.
La Ley de suspensión de pagos de 1922 estuvo vigente hasta
2004. La vigente Ley22/2003, Concursal,
ha sido modificada hasta en veintinueve ocasiones. Los hechos hablan por
sí solos. Desde el Ministerio de Justicia no queremos pecar de simplistas,
somos conscientes del aumento de la complejidad de los negocios y del aumento
del tráfico mercantil. Pero el ciudadano se merece un marco jurídico claro,
especialmente cuando llegan momentos difíciles, como en el caso de un concurso
de acreedores. Trabajaremos para ello con todo nuestro esfuerzo.
Para concluir, me gustaría hacer un apunte sobre la naturaleza la ley.
Señalaba Tomás de Aquino que la Ley es la “ordenación de la razón, dirigida al bien común
y promulgada solemnemente por aquél que tiene el cuidado de la comunidad.” Las leyes deben ser justas, sencillas, breves en
la medida de lo posible y asépticas. Esta última idea es fundamental, y es uno
de los puntos débiles de nuestros textos legislativos contemporáneos.
No se debe permitir que
la Ley se convierta en un instrumento de ingeniería social para avanzar agendas partidistas. Se trata
simplemente de buscar el bien común, no de contentar a lobistas y amigos. El
Estado debe ser un mero árbitro que establezca las reglas de juego y se
encargue de su estricto cumplimiento. Las grandilocuentes declaraciones de
principios filosóficos, políticos, económicos, sociales y de comportamiento
pertenecen a las estanterías de las librerías, no a los textos que salen del
Parlamento.
“El Estado debe ser un mero árbitro que establezca las reglas de juego y se encargue de su estricto cumplimiento” |
.
La Ley Orgánica2/2006, de Educación, modificada con polémica por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (la famosa “LOMCE”), es un buen ejemplo de este problema. Esta Ley Orgánica 2/2006 contiene en su artículo 1 declaraciones tan rimbombantes como que el sistema educativo español se inspira en principios como “La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida” o “El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos”.
La Ley Orgánica2/2006, de Educación, modificada con polémica por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (la famosa “LOMCE”), es un buen ejemplo de este problema. Esta Ley Orgánica 2/2006 contiene en su artículo 1 declaraciones tan rimbombantes como que el sistema educativo español se inspira en principios como “La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida” o “El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos”.
Son frases muy bonitas, pero vacías de contenido: el
aprendizaje será permanente en la medida en que así lo desee la persona que
aprende; y sí, estoy de acuerdo en que los padres son los primeros responsables
de la educación de sus hijos, pero no porque lo diga una ley. Finalmente,
nótese la mención expresa a “las madres”
en el precepto legal, como si alguna madre con un mínimo de cultura se sintiese
excluida de la responsabilidad educativa al leer “los padres”: todo un triunfo de la agenda feminista-progresista. El
virus de la ideología de género avanza silencioso pero con paso decidido,
y se hace necesario detener este avance antes de que sea demasiado tarde: con
la naturaleza humana no se debe jugar.
Muchas de estas declaraciones de principios contienen ideas que pueden
hacer avanzar a una sociedad en la buena dirección, de eso no hay duda. Sin
embargo, la mejor manera de conseguir ese avance es simplificar el marco
legal en el que se mueven las personas, respetando el principio de
subsidiariedad, y hacer leyes de calidad que permitan la realización
efectiva de los principios enunciados. Nos pondremos manos a la obra.
Amadeo Lora
No hay comentarios:
Publicar un comentario